Si algo ha
caracterizado la historia reciente de Oriente Próximo es la falta de libertad
de los ciudadanos bajo los diferentes tipos de opresión que se han dado y
siguen dándose en la región. Esta falta de libertad se tradujo en la
restricción, cuando no supresión total, de la libertad de expresión y opinión, de
información, de movimiento y de ejercicio político. No sorprende pues que,
Irán, pueda dar un paso más en el cerco que está aplicando a todo tipo de
disensión y diferenciación.
Así, frente al artículo 5º de la Constitución iraní que establece que:
Así, frente al artículo 5º de la Constitución iraní que establece que:
El idioma y la escritura oficiales
de Irán, la lengua franca de su gente, es el persa. Los documentos oficiales,
la correspondencia y los textos, así como los libros de texto, deben estar en
este idioma y escritura. Sin embargo, se permite además del persa, el uso de
las lenguas regionales y tribales en la prensa y los medios de comunicación,
así como para la enseñanza de su literatura en las escuelas.
La
Academia Persa de Lengua y Literatura ha recomendado al gobierno de Rohani que
no lo aplique porque mermaría la unidad del país y perjudicaría el desarrollo
de la lengua persa. La asimilación y, si ésta no es eficaz, la eliminación, de
los “diferentes” y los “disidentes” es lo que diferencia a los estados
totalitarios de las democracias.
La riqueza cultural y social de un país deriva de la diversidad
de sus ciudadanos. En el caso de Irán, lugar de paso de civilizaciones
orientales y occidentales, ésta se traduce en un 16% de la población que es de
origen azerí, un 10% kurdo, un 2% de
baluchis, árabes y turcomanos, y, en menor medida de pashtunes, armenios,
georgianos, asirios y judíos. Es decir, si esta propuesta de la Academia Persa
fuera adelante, el 40% de la población que habita Irán sería privada del
derecho a expresarse en su lengua materna en aras a la unificación y
preeminencia del persa. Un acontecimiento lamentable a añadir a la larga lista
de tropelías del régimen persa a la que ya estamos acostumbrados.
Lo
que sí asombra – no a aquellos que somos conscientes y venimos anunciando y
denunciado el devenir autoritario de Erdogan - es que, un país, “teóricamente”
democrático, como Turquía, está en proceso de aprobación de una legislación que
restringe la difusión de información, sobre todo, por internet. Así la
Dirección de Telecomunicaciones de este país, podría, de llegar a aprobarse
definitivamente esta nueva normativa, acceder sin restricciones a las
actividades en línea de los usuarios y aumentar su capacidad para bloquear
contenido sin autorización judicial. Así mismo, obligaría a los proveedores de
alojamientos a recopilar y conservar información sobre sus usuarios durante un
máximo de dos años. Un paso más al cerrojo informativo en un país que, desde
2007, ha bloqueado el acceso a 1.112 páginas de internet.[1]
Y es que a Erdogan, no le basta con aplicar mano dura en
las calles para aplacar las protestas contra sus políticas de islamización radical
sino que quiere “acallar” la difusión de cualquier información o crítica contra
él o sus actividades, sobre todo, tras la lluvia de noticias que, un día sí y
otro también, dan a conocer la dimensión de los casos de corrupción. Tampoco le
ha parecido suficiente el ataque constante a los periodistas que ha convertido
a Turquía en el país que más ha encarcelado en 2013 en todo el mundo[2].
Ahora quiere cerrar el grifo por el cual se filtra toda la información que no
ha podido frenar: internet. Según la empresa de sondeos turca Konda[3],
el 77,6% de los que protestaron por el caso de la Plaza Taksim se informaron a
través de la red de redes. Baste
recordar que Erdogan calificó a las redes sociales como “la peor amenaza para
la sociedad”.
Con
esta ley Turquía pasaría a formar parte del selecto club de los países que
aplican una censura más radical a la circulación de información por internet, a
saber, Arabia Saudita, Corea del Norte, Irán, Turkmenistán y Vietnam, entre
otros. Un paso más que debería alejarle definitivamente de sus aspiraciones a
entrar en la Unión Europea.
La
censura informativa es una práctica, por otra parte, que ya tiene solera allí,
baste recordar la prohibición absoluta de difundir noticias o información sobre
la situación del Kurdistán hasta hace poco, así como, la práctica habitual de
encarcelar a cualquiera que criticara esta política represiva y la negación del
genocidio armenio.
Entre
tanto, los turcos, sobre todo, los jóvenes que tienen en internet una base
fundamental de comunicación e interacción, han salido a las calles a protestar
una vez más. Puede que Erdogan haga oídos sordos a esta nueva demanda y siga
adelante con la ley cerrojo de internet, pero, sin duda, pagará un alto precio
en votos, aunque, es probable que no podamos enterarnos por la censura.
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